El sector público de salud ha vivido una transformación profunda promovida desde el sexenio anterior con varios desatinos. Entre esos intentos de transformación, la pandemia de COVID-19 fue un momento álgido que evidenció la vulnerabilidad de nuestro país ante la parálisis de los servicios públicos de salud y dependencia de diversos insumos, así como medicamentos importados. Dicha condición es uno de los factores que impulsaron al gobierno federal a emitir un decreto orientado a incentivar la inversión en la industria farmacéutica, la producción nacional de insumos para la salud y el desarrollo de investigación científica. Esta política pretende garantizar el abasto y calidad de los medicamentos que se produzcan en el país, situación que le puede resultar del todo favorable a la industria farmacéutica incluso para exponenciar su capacidad exportadora y ser un referente regional en innovación, además de la manufactura.
Un contexto de urgencia: la lección de la pandemia
La emergencia sanitaria global puso sobre la mesa la importancia de contar con cadenas de suministro sólidas y una industria nacional capaz de responder a las necesidades de la población. Durante los meses más críticos de la COVID-19, México, como muchos otros países, enfrentó retrasos en la cadena de suministro global de insumos, farmoquímicos y de medicamentos, así como de vacunas y dispositivos médicos, particularmente de China e India, reconocidos por su enorme impacto al concentrar de manera importante insumos y productos terminados. Según cifras del Instituto Farmacéutico (INEFAM), las importaciones representan, el 50% del valor total del consumo local (público y privado) y aproximadamente 35% del volumen (piezas). A reserva de los continuos tropiezos en la compra pública, la realidad muestra que la producción local ha solventado en gran medida las necesidades locales, por lo tanto, es importante favorecer mejorar sus condiciones de competitividad frente a una situación de vulnerabilidad sujeta a dinámicas geopolíticas y crisis globales. La pandemia también evidenció la necesidad de acelerar la innovación, investigación clínica y colaboración entre gobierno, industria y academia para desarrollar soluciones rápidas, así como eficaces ante emergencias sanitarias.
El decreto: objetivos y mecanismos
En este contexto, el pasado 2 de junio fue publicado el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto presidencial por el que “se fomenta la inversión en territorio nacional, para fortalecer el desarrollo de la industria farmacéutica y la producción de insumos para la salud; así como el desarrollo de investigación científica nacional”, que busca transformar el sector salud a través de cinco ejes principales:
1. Reducción de la dependencia de importaciones: Incentivar la producción nacional de medicamentos, dispositivos médicos y materias primas (farmoquímicos), disminuyendo la vulnerabilidad ante interrupciones globales.
2. Impulso a la innovación y la investigación científica: Facilitar la transferencia tecnológica, la investigación clínica y el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias.
3. Fomento a la inversión nacional y extranjera: Crear condiciones atractivas para la instalación de nuevas plantas, la modernización de infraestructura y la capacitación de talento humano.
4. Certidumbre y modernización regulatoria: Agilizar los trámites y procesos de Cofepris, homologando estándares internacionales y promoviendo la transparencia.
5. Acceso equitativo y seguro a medicamentos: Garantizar que la población mexicana reciba tratamientos de calidad, seguros y a precios accesibles.
¿Cómo pretende alcanzar dichos objetivos el gobierno federal?
Incentivos fiscales y administrativos
Uno de los pilares del decreto es el otorgamiento de incentivos fiscales a las empresas que inviertan en el sector. Los inversionistas podrán deducir entre el 56% y 89% del valor total de la inversión en activos fijos y pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el año fiscal en que se realice la inversión elegible. Además, se incluye una deducción del 25% para inversiones en capacitación de la fuerza laboral, lo que busca elevar el nivel técnico y científico del personal mexicano. El decreto también establece facilidades administrativas, como la agilización de trámites para la instalación y operación de nuevas plantas productivas, la digitalización de procesos y creación de ventanillas únicas para inversionistas. Es fundamental que el gobierno federal defina quiénes serán los funcionarios responsables de gestionar estos compromisos.
Requisito de inversión y contenido nacional
Una medida relevante es la exigencia que establece a las empresas participantes en licitaciones públicas cuenten con planta de producción en territorio nacional o realicen inversión que favorezca a la infraestructura, así como la investigación a favor de la producción y que los productos ofertados tengan un mínimo de 65% de contenido nacional. Esta disposición, que entrará en vigor en la próxima compra pública de medicamentos en 2026 (se espera que sea para la compra bienal 2027-2028), busca fortalecer la industria local y asegurar que el gasto público beneficie a la economía mexicana. Será por lo tanto importante conocer la métrica y metodología correspondientes para garantizar tal contenido, donde funcionarios como ejecutivos deberán tener acuerdos puntuales para su cumplimiento.
Esta nueva condición genera profundo interés al interior de la industria, pues de inicio favorecerá la producción de medicamentos genéricos y potencialmente de biosimilares, en tanto que la industria de innovación farmacéutica impulse mayor inversión en investigación y desarrollo en el país. Será determinante que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) logre procesos digitalizado y ágiles para autorizar las nuevas factorías e investigación que realmente contribuyan al objetivo planteado.
Nearshoring y oportunidad regional
El fenómeno del nearshoring —la relocalización de empresas globales hacia México, especialmente tras los aranceles impuestos a China e India— representa una oportunidad sin precedentes para el país. Estados Unidos, el mayor mercado farmacéutico del mundo, busca diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de Asia. México, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuenta con ventajas competitivas como costos atractivos, ubicación estratégica y acceso preferencial al mercado norteamericano.
El valor de las exportaciones mexicanas de productos farmacéuticos alcanzó dos mil 400 millones de dólares en 2024, de los cuales, poco más de 40% tuvo como destino Estados Unidos. Dicho monto es bajo si se considera que el mercado estadounidense importa más de 90 mil millones de dólares en medicinas al año. El reto es escalar la producción nacional, mejorar la calidad y cumplir con los estándares regulatorios internacionales para aprovechar plenamente esta ventana de oportunidad.
Investigación clínica y desarrollo científico
Otro de los grandes retos y oportunidades es el impulso a la investigación clínica y el desarrollo científico nacional. Actualmente, México capta solo 200 millones de dólares anuales en inversión para investigación clínica, muy por debajo de su potencial y de países como Argentina, que aprueba protocolos en 45 días y capta 500 millones de dólares anuales. El decreto plantea reducir los tiempos de aprobación de ensayos clínicos de más de un año a solo 40 días, mediante la digitalización de procesos y homologación con buenas prácticas internacionales. Este cambio permitiría atraer inversiones, acelerar la llegada de tratamientos innovadores y posicionar a México como un centro de excelencia en investigación farmacéutica. La colaboración con organismos como la US Pharmacopeia y la creación de una Escuela Regional Sanitaria para la formación de profesionales en regulación y transferencia tecnológica, así como mayor interacción con los institutos nacionales de salud y universidades son pasos clave para elevar la competitividad del país en este ámbito.
Modernización de Cofepris y certidumbre regulatoria
Es crítico el papel que juega la Cofepris en la implementación del decreto. La modernización de sus procesos, la digitalización de trámites y la homologación con agencias internacionales como la FDA (Estados Unidos) y la EMA (Europa) son fundamentales para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y dispositivos médicos. La transparencia y el combate a la corrupción también son prioridades. El decreto establece mecanismos de rendición de cuentas y acompañamiento a la industria para evitar prácticas indebidas, así como la publicación periódica de informes de ampliación terapéutica y la participación de expertos nacionales e internacionales en los procesos de evaluación. Será momento propicio para impulsar a este órgano regulatorio en beneficio del sector salud.
Impactos esperados y retos a superar
Beneficios económicos y sociales
El fortalecimiento de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos tendrá impactos positivos en la economía nacional: generación de empleos calificados, atracción de inversión extranjera, desarrollo de talento y mayor competitividad internacional. Además, la producción nacional de medicamentos y vacunas permitirá reducir costos, mejorar el acceso y garantizar la continuidad en el abasto, especialmente en situaciones de emergencia. Desde el punto de vista social, el acceso oportuno y equitativo a tratamientos de calidad es un derecho fundamental. El decreto busca cerrar las brechas en el acceso a la salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables, y contribuir a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y emergentes.
Desafíos y consideraciones
No obstante, la implementación del decreto enfrenta desafíos importantes. La producción de insumos y particularmente de farmoquímicos es un eslabón débil, con una dependencia de importaciones superior al 80%. El desarrollo de este segmento requerirá estímulos adicionales, inversión en infraestructura y alianzas estratégicas con empresas globales. La eficiencia regulatoria y reducción de tiempo de aprobación son metas ambiciosas que demandan recursos, capacitación y voluntad política. El presupuesto en salud y en Cofepris deberá incrementarse para sostener la modernización y digitalización de procesos. La coordinación multisectorial entre gobierno, industria y academia será clave para evitar duplicidades, garantizar la transparencia y maximizar el impacto de las políticas públicas. Asimismo, será necesario mantener el equilibrio entre el fomento a la industria nacional y el respeto a los compromisos internacionales, especialmente en el marco del T-MEC.
Compras públicas: logística y pago a proveedores
El decreto emitido pone en el centro garantizar el abasto de medicamentos y dispositivos médicos entre las instituciones públicas de salud. Empero, han sido precisamente los problemas de gestión de las compras que ha dado lugar a problemas del surtimiento adecuado entre las unidades médicas en todo el país, agudizado por un sistema de logística en manos de la paraestatal BIRMEX que a pesar de su alto grado de deficiencia y errores en las adjudicaciones que incluso llevó a la nulificación de una parte importante de las compras consolidadas para el abasto 2025-2026, podría tener continuidad ante la entrada en vigor del decreto. Es fundamental que el gobierno federal considere un giro importante ante sus paupérrimos resultados en los últimos años, pues de lo contrario, difícilmente se lograrán los objetivos.
De igual manera, es relevante que las instituciones públicas de salud garanticen el pago a proveedores ante los severos atrasos observados de los ejercicios anteriores y a los cuales se suman los que derivan del ejercicio actual. Se trata de ofrecer certidumbre para la inversión, pues en la medida que no se logren pagos a tiempo y con una logística adecuada con programación clara de entregas que no genere costos, podría limitar seriamente la atracción de capitales como se ha planteado.
El Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 dan sustento al decreto (véase “El PND 2025-2030, por una industria farmacéutica y de dispositivos médicos más competitiva”) , lo cual deberá reflejarse en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) donde las prioridades sanitarias son la base para definir la inversión en producción y en investigación para los próximos años. Su publicación para más tardar en septiembre del presente año deberá reflejar algunos lineamientos asociados a este decreto. Veremos.
Conclusión: una oportunidad histórica
El decreto para fomentar la inversión en la industria farmacéutica, la producción de insumos para la salud y desarrollo de investigación científica nacional marca un punto de inflexión en la política de salud y desarrollo económico de México, que no cuenta con antecedente alguno.
Su éxito dependerá de la capacidad de implementar los incentivos, modernizar la regulación, coordinar a los actores clave y mantener el enfoque en el bienestar de la población. México tiene ante sí la oportunidad de consolidarse como un líder regional en la producción, investigación y exportación de medicamentos y dispositivos médicos, beneficiando tanto a la salud pública como al desarrollo económico nacional. La apuesta por la autosuficiencia, innovación y colaboración multisectorial es, sin duda, el camino hacia un sistema de salud que amerita ser funcional, equitativo y sostenible.
Se trata de una oportunidad única para el sector salud y para la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Ya no hay tiempo para más experimentos ni errores. La colaboración, coordinación y planeación conjunta entre instituciones e industria ante este escenario son fundamentales para su total éxito.
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